Al igual que ese inesperado huésped cuya visita pone a prueba nuestra logística y hasta nuestra creatividad, la crisis del coronavirus, que según ratifican muchas de las personas expertas internacionales anuncia la antesala de futuras epidemias con las que deberemos convivir en este impredecible siglo XXI, ha dejado al descubierto muchas de las debilidades de nuestro fuertemente castigado Estado del Bienestar

Pero el impacto de esta imprevista y dolorosa crisis, no debiera contribuir a que pase desapercibido el análisis necesario sobre algunas de las cosas que están ocurriendo y las lecciones que debiéramos de sacar de todo ello. La sociedad vive aturdida ante un trágico marasmo de cifras, confinada en un hogar convertido a la vez en escuela, gimnasio, oficina, espacio de cuidados y de convivencia –hay que recordar que dos tercios de las personas infectadas por el COVID 19 no están hospitalizadas, sino que soportan la enfermedad en sus domicilios-. Toda una prueba de estrés social para una sociedad que se pregunta de dónde ha surgido este inesperado terremoto, de la misma manera que se preguntaba qué estaba ocurriendo cuando un “tsunami” financiero azotaba el mundo en el año 2009 y cuyas consecuencias arrasaron con muchas de las certezas y seguridades que habíamos tenido como sociedad hasta ese momento, una y muy importante: que nuestros hijos/as vivirían mejor que nosotros, como había venido sucediendo hasta la fecha. La crisis del 2009 liquidó la estabilidad, gran parte de la seguridad y de la protección social. La precariedad vino para quedarse.

¿Qué habrá venido para quedarse como consecuencia de la crisis pandémica que estamos sufriendo en la actualidad? ¿Qué nuevos sacrificios nos augurarán para salir de ella?

Lo cierto es que la primera prueba de esfuerzo que han tenido que resistir nuestras administraciones ante esta crisis ha sido la de medir el músculo de “lo público”. En primer lugar, la naturaleza de la respuesta que deben dar los sistemas públicos sanitario y socio-sanitario; en segundo lugar qué capacidad tiene nuestro Estado de Bienestar de proveer a la sociedad de un sistema integral de cuidados, en sentido estricto y amplio. Merece la pena detenerse en esta reflexión.

La crisis sanitaria ha golpeado con mayor crudeza y dramatismo a las personas de más edad, personas que se han vuelto más vulnerables al estar atrapadas en una especie de trampa mortal en la que han terminado convirtiéndose muchas de las residencias de mayores.

La manera de impactar la cruda realidad en ambas estructuras ha sido diferente: en el sanitario, aún con sus debilidades, encontramos un sistema articulado, capaz de planificar las posibles soluciones a los problemas que se crean cada día, de aumentar sus plantillas en un pico de necesidad, de buscar soluciones a la carencia de camas en UCI etc., en definitiva, un sistema vasco de salud que funciona como tal. Podremos analizar muchas de sus carencias y una de ellas muy llamativa por su importancia vital ha sido la falta de protección ante el virus de las/los profesionales sanitarios, pero no dudamos de que es un verdadero sistema, algo absolutamente necesario para responder de manera adecuada a cualquier situación extraordinaria. Por contra, el modelo de cuidados lo que nos ofrece es una vieja respuesta asistencial: residencias con un número considerable e incluso a veces excesivo de mayores, con trabajadoras/es, mayormente trabajadoras, mucho más precarizadas laboralmente, con menos recursos de todo tipo, sin carrera profesional, con mayores dificultades para reforzar sus plantillas o responder de manera ágil a las contingencias.

Y si algo ha puesto en valor la crisis que estamos viviendo es la importancia crucial de los cuidados de todo tipo en nuestra sociedad, que la protección es un derecho indispensable y que necesitamos contar con un nuevo modelo de cuidados dentro de un sistema cuya responsabilidad debe ser pública y es urgente hacerlo en una sociedad como la vasca cada vez más envejecida y carente a día de hoy de una respuesta suficiente a las actuales necesidades y ambiciosa para con las del mañana.

Lo cierto es que aún disponiendo de mayores cotas de autogobierno financiero, gracias al concierto económico, y de normativa propia, La Ley de Servicios Sociales, nuestro sistema de cuidados a las personas mayores y dependientes no se diferencia de las del resto del Estado; no hemos sido capaces de crear un sistema vasco de cuidados, integral, público y de calidad. Nuestra manera de asistir y responder a las necesidades sociales apenas se diferencia de las del resto, lo cual no estaría mal si fuese un modelo recomendable, exportable, de calidad o suficiente, pero dista mucho de todo ello.

El Informe de 2020 de la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales señala en relación con Euskadi que la nuestra no está entre las comunidades cercanas a la plena atención (inferior al 10% de la lista de espera) como Nafarroa, sino que se encuentra en tercer lugar del ranking, entre las comunidades que se estancan o que tienen una absorción muy lenta de su demanda y, por cierto, estamos entre otras junto a la Comunidad de Madrid de infausta fama en esta materia.

Además, nuestro sistema de dependencia sigue creciendo desde hace tres años a la mitad del ritmo en que lo hacen el resto de las comunidades autónomas y el ritmo de creación de empleo en este sector no acaba de despegar todo su potencial. EL 86% de las atenciones se concentran en prestaciones de bajo coste (low cost), tales como teleasistencia y PECEF (prestaciones que se otorgan al entorno familiar), mientras que el resto de prestaciones del catálogo se cerraron en el 2019 con valores próximos a la tasa de reposición, por no citar la ayuda a domicilio que lo hizo con valores negativos del -218%. Datos que muestran nuevamente que nos encontramos ante una falta de ambición de los poderes públicos que sólo se conforman con gestionar el pasado, como en tantas otras cosas.

A todo lo anterior habría que añadir la cantidad de familias que buscan en el cuidado informal la solución a las necesidades de atención de las personas dependientes, y ahí nos encontramos con un enorme contingente de trabajadoras venidas de otros países, con escasa formación inicial y continua para las tareas requeridas, en ocasiones en situación irregular, con dificultades económicas y que están ayudando de manera imprescindible a salvar la situación ante la falta de un sistema vasco de cuidados, del que deberían formar parte junto a miles de jóvenes que debieran poder incorporarse a esta digna tarea conformando un sector económico y de creación de empleo de primera magnitud y dignidad.

Pero esta crisis también nos ha mostrado lo mejor de nosotros mismos: la vocación sin límites de los profesionales de la sanidad, de los servicios socio sanitarios, esforzándose más allá de los posible; la solidaridad de las redes de voluntariado interesándose por la salud y el bienestar de sus conciudadanos más vulnerables ha retumbado con una voz fuerte ante la reacción lenta de las administraciones; la creatividad de nuestros emprendedores, pequeños y mayores, proveyendo a veces desde sus domicilios de material imprescindible como mascarillas o batas a las y los profesionales nos ha confortado ante cierta parálisis de los gobiernos. El trabajo comunitario, en definitiva, en medio de una esperanzadora ola de solidaridad.