Voy a presentar el régimen de capacitación lingüística del personal en las administraciones propias de Cataluña. Primero, una breve introducción a los principios del régimen lingüístico; después, cómo se regula la capacitación; y, finalmente, algunas conclusiones y perspectivas.

 

1) Principios del régimen lingüístico

 

El Estatut parte del catalán como lengua propia, de uso normal y por defecto en las administraciones catalanas (Generalitat, local y corporaciones públicas). El Tribunal Constitucional reinterpretó la “preferencia” en clave de singularización histórica y como condición de la oficialidad. La noción de lengua propia legitima medidas de protección, promoción y fomento dentro de un proceso de normalización entendido —ya desde la jurisprudencia de los 90— como progresivo: garantizar el conocimiento y uso más amplios.

 

Junto a ello, la oficialidad de catalán y castellano comporta derechos ciudadanos (usar cualquiera de las dos lenguas) y el correlativo deber de la Administración de adaptarse al bilingüismo. El Estatut impone a los poderes públicos medidas para facilitar estos derechos y cumplir los deberes lingüísticos. La ley de política lingüística despliega un marco garantista: no discriminación por lengua, derecho de opción, comunicaciones y notificaciones en la lengua requerida. La jurisprudencia admite el catalán como lengua de uso normal en usos internos, interadministrativos y con la ciudadanía, con la cautela de no excluir el castellano.

 

Clave para nuestro tema: aunque no existe un deber general de conocimiento del catalán equiparable al del castellano, el TC (STC 31/2010) sí avala un deber individual en las relaciones especiales de sujeción, esto es, en la función pública. Los funcionarios deben asegurar el derecho de opción lingüística: de ahí se deriva la exigencia de capacitación.

 

2) Fundamentos de la capacitación en Cataluña

 

La legislación catalana se apoya en tres asunciones:

(i) No hay derechos sin usos administrativos: si la Administración no usa la lengua, los derechos quedan vacíos.

(ii) No hay ejercicio de derechos sin capacitación del personal: conocer la lengua es condición para hacer efectivos los derechos ciudadanos.

(iii) La oficialidad articula derechos, usos y capacitación, y la idea de lengua propia decanta el uso prioritario por defecto del catalán y fundamenta las políticas de promoción.

 

Estos principios se recogen de forma explícita en normativa reciente, como el Decreto 37/2024 sobre acreditación del conocimiento del catalán, que conecta capacitación con competencia de la Generalitat sobre lengua propia.

 

3) Usos y competencias

 

El marco es exhaustivo y garantista con los derechos de los ciudadanos y el uso del catalán. En usos internos e interadministrativos rige el deber general de utilizar el catalán, sin perjuicio del uso normal del castellano. Competencialmente, la Generalitat tiene la normalización de la lengua propia y la función pública sobre todas las administraciones catalanas (en el marco del EBEP), que ya fija el principio de capacitación lingüística.

 

La actuación administrativa es, además, política pública de promoción: allí donde la Administración garantiza capacitación, aumenta el uso social del catalán. Las Encuestas de usos lingüísticos (2018 y 2023) muestran que la interacción con administraciones locales y con la Generalitat supera o ronda el 50% de uso del catalán por parte de la ciudadanía; en cambio, cae en Administración del Estado y órganos judiciales, donde no está garantizada la capacitación del personal.

 

4) Regla general y niveles

 

El principio general —vigente desde la Ley de política lingüística de 1998 y la normativa de función pública (Decreto legislativo 1/1997)— es que para ocupar una plaza (funcionarial o laboral) hay que acreditar un nivel adecuado de catalán (expresión oral y escrita), ajustado a las funciones del puesto. En los tribunales de selección debe haber un técnico de normalización lingüística. También en concursos y movilidad se exige acreditar conocimiento.

 

En Administración local, se aplica la misma lógica (acreditación con carácter eliminatorio según la plaza) y la vulneración de los derechos lingüísticos puede constituir falta grave. Los niveles (Decreto 2002, actualizado al Marco Europeo):

 

• C2 (antiguo D): asesoramiento/planificación lingüística.
• C1 (antiguo C): aplicación general a grupos B, C y D (de técnico a administrativo).
• B2 (antiguo B): grupo E (conserjería, oficios) y excepcionalmente en otros supuestos justificados.

 

Se prevé que las entidades locales puedan rebajar nivel en casos concretos, pero debe justificarse y se refuerza el carácter preceptivo del informe técnico para evitar “fugas” puntuales.

 

5) Cómo se acredita

 

Desde 2002, se admite:

• Escolarización obligatoria en Cataluña (a partir de 1992) como equivalencia: quienes completaron la enseñanza obligatoria desde ese año quedan acreditados.
• Certificados oficiales de la Generalitat (hoy bajo el Decreto 37/2024) y equivalencias reconocidas por Orden de 2025 (incluye universidades y entidades del ámbito catalán-valenciano-balear).
• Prueba específica dentro del proceso selectivo si no se dispone de titulación/certificado.

 

Exención excepcional en sanidad: para personal laboral temporal (médicos, enfermería) puede eximirse temporalmente la acreditación; precisamente ahí se han detectado tensiones en garantías de derechos por descenso de capacitación y, en consecuencia, de uso efectivo del catalán.

 

6) Contenido de las pruebas y enfoque competencial

 

El Decreto 37/2024 redefine las pruebas de certificación (p. ej., C1) con un enfoque competencial (menos listado gramatical, más desempeño comunicativo), alineado con movilidad laboral, cambios educativos y criterios europeos. Queda la incógnita de si este giro relaja la exigencia; en todo caso, no altera los principios básicos de nivel requerido por puesto.

 

7) Jurisprudencia

 

La STC 46/1991 validó el modelo catalán: exigir catalán en el acceso no es discriminatorio y encaja en mérito y capacidad. Su razonabilidad deriva de que es la lengua de la Administración, las actuaciones en catalán son válidas y eficaces, los particulares tienen derecho a usarla y su uso está extendido socialmente. Se exige proporcionalidad en la aplicación, cumplida vía adaptación por funciones y niveles (C1/B2).

 

En Baleares, el TC validó opciones legislativas menos exigentes (requisito solo para ciertos puestos o mérito en sanidad por carencia de profesionales), pero no desautoriza el modelo general catalán; se trata de opciones del legislador en contextos concretos, con votos particulares críticos sobre la garantización “bidireccional” de derechos.

 

8) Contexto y nuevas piezas normativas

 

El anteproyecto de ley de ocupación pública catalana (retomado y en transparencia) mantiene la capacitación como garantía de derechos, e introduce ajustes (adaptaciones por discapacidad, atracción de talento en innovación, clima, etc., con flexibilización de nacionalidad en algunos supuestos sin eximir la capacitación lingüística).

 

Cataluña presenta un cambio demográfico significativo: en torno al 22–23% de población nacida en el extranjero, lo que obliga a afinar políticas de normalización y mecanismos de acreditación.

 

Persisten efectos colaterales de la litigiosidad educativa: la suspensión del decreto de régimen lingüístico en enseñanza dejó en el aire la generalización del C2 para el profesorado (solo ~40% lo tenía) y la no convalidación automática del C1 para estudiantes sin toda la etapa en Cataluña. Esa suspensión impacta indirectamente la coherencia del sistema de capacitación.

 

9) Conclusiones y perspectivas

 

• Cataluña sostiene, desde los 80/90, un modelo estable: capacitación lingüística general y ajustada al puesto como piedra angular para asegurar los derechos de opción de la ciudadanía y el uso normal del catalán en la Administración.

 

• El andamiaje constitucional lo ampara (deber individual en función pública; STC 46/1991 y 31/2010), y la normativa reciente (Decreto 37/2024 y Orden 2025) actualiza instrumentos sin alterar la arquitectura.

 

• Los puntos sensibles están en sanidad (exenciones temporales por contratación urgente) y en algunas corporaciones locales (tendencia a rebajar niveles), que conviene acotar con informes preceptivos y motivación reforzada.

 

• La promoción del catalán se ve acreditada por datos de uso en la interacción ciudadanía–Administración: allí donde hay personal capacitado, el uso social del catalán crece.

 

• El enfoque competencial de las pruebas puede mejorar pertinencia y alineación europea; habrá que vigilar que no derive en devaluación de umbrales.

 

• El anteproyecto de ocupación pública y el contexto demográfico recomiendan mantener el principio de capacitación como garantía efectiva de derechos, con ajustes quirúrgicos (atracción de talento, accesibilidad) sin erosionar el núcleo del modelo.

 

En suma: lengua propia + oficialidad se traducen en usos administrativos por defecto, derechos garantizados y capacitación obligatoria del personal. Ese triángulo —derechos, usos, capacitación— sigue siendo la clave de bóveda del régimen catalán. Muchas gracias.