La pandemia de la covid-19 y sobre todo el confinamiento decretado ha transformado nuestro mundo y muchas de nuestras percepciones. Como para llenar el tiempo de clausura, se han multiplicado los análisis sobre lo ocurrido y también sobre el futuro que nos aguarda. En este panorama inédito, todo el mundo trata de arrimar el ascua a su posición, ya sea para reforzar la idea de un mayor intervencionismo público o de una política fiscal expansiva… Sin embargo, se echa en falta una enumeración, aunque sea somera y provisional, de las enseñanzas que ha dejado esta pandemia antes de proponer soluciones que pueden quedar obsoletas antes incluso de que lleguen a aplicarse. Más peligroso todavía es pensar que las recetas de urgencia que se han utilizado para proteger a los trabajadores y el tejido económico se puedan prolongar una vez la pandemia remita.

Posiblemente la primera lección que ha dejado el SARS-CoV-2 es que nuestra organización social es mucho más vulnerable de los que pensábamos hasta hace muy poco. Un virus nuevo pero bastante corriente ha puesto de relieve que somos una especie mortal, que nuestro conocimiento del entorno en el que vivimos es bastante más precario de lo que creíamos, que nuestros sistemas sanitarios son mucho más débiles de lo que pensábamos y que el tejido económico es bastante rígido cuando ha de responder a nuevas necesidades. El virus ha supuesto una cura de humildad que posiblemente no tardemos en olvidar, antes incluso de que saquemos algunas lecciones sobre nuestro modo de vida y organización social.

Nos enorgullecemos de que Euskal Herria cuenta con una potente base industrial, sin embargo en esta crisis el tejido productivo ha mostrado que es enormemente dependiente e incapaz de proporcionar productos básicos para asegurar la salud de la ciudadanía.

Por otra parte, la pandemia ha mostrado las terribles carencias de unos servicios públicos que han sido gestionados especialmente los últimos años con criterios empresariales: sus débiles estructuras no han sido capaces de proporcionar los bienes públicos necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad, también en situaciones excepcionales. Especialmente significativo pero también desgarrador es el desastre que ha ocurrido en las residencias de ancianos. Las repetidas denuncias de las trabajadoras y la actual crisis han dejado ese modelo muy tocado y con una reconversión en toda regla pendiente.

Estos días observamos también las imponentes infraestructuras viarias que seguimos construyendo completamente vacías, imponentes obras de ingeniería que no llevan a ninguna parte. Otro tanto se puede decir de la inflación de infraestructuras turísticas completamente vacías. La hipermovilidad se ha revelado como otro sinsentido más de un modo de vida insostenible.

A causa de esos fallos y debilidades hemos descubierto que tener un PIB per capita de los más altos del mundo no nos ha salvado de la pandemia, pero tampoco nos ha permitido proteger al personal sanitario, ni dotar a la población en general de medios para protegerse, ni mucho menos a los mayores que están en residencias. Es más, hemos tenido que parar el país para detener la pandemia. Todo ello nos ha puesto ante la evidencia de que el PIB poco tiene que ver con las cosas importantes que tiene que producir el tejido económico, con los bienes que tiene que proporcionar la economía. Detrás del valor que contabiliza el PIB existe mucho valor de cambio y poco valor de uso: nos hemos dado cuenta de que el oro no se puede comer; incluso teniendo oro tampoco se puede comprar lo que se necesita si alguien pone más oro en el otro platillo de la balanza.

El valor de cambio homogeneiza y abstrae de los elementos concretos el debate económico. Es más fácil hablar sobre macro magnitudes como producción, consumo, empleo o exportaciones, sin entrar en detalles sobre qué es lo que realmente se produce y consume. Y así se habla del crecimiento del PIB como único fin deseable y posible sin preguntarse sobre lo que realmente encierra ese crecimiento.

Ya sabíamos que el PIB puede crecer sin crear empleo, ahora también sabemos que puede crecer sin proporcionar bienes, alimentos, vestidos, cuidados…, valores de uso en definitiva. Y esos valores de uso son bienes, elementos que tienen utilidad definida y que sirven para atender necesidades concretas de la gente: alimento, vivienda, calefacción, vestido, protección, comunicación, cuidados… La producción de bienes es la verdadera función de la economía, pero lo habíamos olvidado. Preocupados por la creación de valor, hemos descuidado la producción de bienes y de repente nuestro PIB, nuestro tejido productivo se ha revelado como una máquina de producir valor sin utilidad práctica.

Del mismo modo que esta crisis ha dejado claro que bajo el epígrafe producción lo mismo caben cosas útiles que inútiles, con el trabajo ocurre algo similar. Aquellos trabajos peor valorados, como los de cajera, repartidor, baserritarra, cuidadora, –la gran mayoría son mujeres–, basurero, reponedor, arrantzale…, han resultado ser los trabajos esenciales en nuestra sociedad, mientras que la gran mayoría de los trabajos que habitualmente ocupan nuestro tiempo han resultado ser bastante superfluos. Trabajos concretos que proporcionan bienes en forma de alimentos, cuidados, desinfección, etc., son los esenciales para mantener la vida. Trabajos que, por cierto, en su gran mayoría desempeñan personas emigradas.

En esta gradación de los trabajos se puede discutir sobre la importancia de unos u otros, pero lo que si ha dejado meridianamente clara la pandemia es que existen muchos trabajos que son, como los llama el antropólogo estadounidense David Graeber, «bullshit jobs» o trabajos de mierda. Son los empleos que solamente sirven para vender, para hacer dinero. En la sociedad actual tenemos una ingente cantidad de personas dedicadas a esos «bullshit jobs»: consultores, una extraordinaria industria de publicidad y un no menos imponente sistema financiero que en realidad no aportan prácticamente nada a la economía. Trabajos esenciales precarios y mal pagados frente a trabajos secundarios generosamente pagados en esa economía de los valores que no proporciona bienes.

Una distinción que resulta especialmente importante de cara al modo en el que se plantea la recuperación. Dejar que ociosa a una parte importante de la fuerza laboral vasca es algo que no nos podemos permitir; y mucho menos en una situación que se define como excepcional. De la misma forma tampoco se puede dejar la creación de empleo en manos de las empresas privadas que apartan el interés general a favor del propio particular y crean los empleos estrictamente necesarios para maximizar su beneficio privado, algo que resulta claramente insuficiente, tal y como ha dejado en evidencia la dinámica del desempleo durante la última década.

La administración pública debería tener un actitud proactiva en la creación de puestos de trabajo públicos. En vez de ampliar ayudas a los desempleados, subvencionar con dinero público los escasos empleo que crean las empresas privadas o caminar hacia una renta universal, la administración pública debería organizar el trabajo en sectores que producen bienes indispensables para la vida y en los que es palpable la escasez de mano de obra. Esta crisis ha dejado ya algunos ejemplos, como la desinfección y limpieza de espacios públicos o infraestructuras comunes y las labores de cuidado. Pero también existe un importante déficit de trabajo dedicado a la conservación de los bienes públicos o en la protección del medio ambiente (en la limpieza de montes, del mar…). Unos trabajos públicos que deberán acompasarse a la evolución general del empleo por cuenta ajena. Si el sector privado ofrece empleo, el sistema público debería recortar su oferta; de la misma manera, cuando el desempleo se dispare, la administración debería ampliar la oferta de trabajo público. Y todo ello sin contar con las enormes carencias, fruto de años de recortes, que se observan en servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación cuyas exiguas plantillas claman por una ampliación de personal que sea permanente.

Este país no se puede permitir que haya personas paradas porque no le sale rentable a la empresa privada contratarlas y que la administración pública no intervenga. El sector público puede promover empleos útiles para la sociedad de una manera que complemente la dinámica del sector privado de la economía. Este sería un enfoque mucho más rentable en términos económicos y sociales para enfocar la recuperación.

Una distinción que resulta especialmente importante de cara al modo en el que se plantea la recuperación. Dejar que ociosa a una parte importante de la fuerza laboral vasca es algo que no nos podemos permitir; y mucho menos en una situación que se define como excepcional. De la misma forma tampoco se puede dejar la creación de empleo en manos de las empresas privadas que apartan el interés general a favor del propio particular y crean los empleos estrictamente necesarios para maximizar su beneficio privado, algo que resulta claramente insuficiente, tal y como ha dejado en evidencia la dinámica del desempleo durante la última década.

En este momento se está debatiendo sobre si se debe exigir el uso de mascarillas como sistema de protección para frenar nuevos brotes de infecciones por SARS-CoV-2. Todo indica que el dilema al que se enfrentan las autoridades sanitarias y políticas en todo el mundo es la falta de mascarillas. Exigir su uso sin garantizar el abastecimiento lo único que provocará es un mayor desasosiego y una mayor presión sobre las existencias que son imprescindibles para el personal sanitario, cuidadoras y cuidadores y otros trabajadores en puestos esenciales. Este dilema ilustra el principal problema que enfrenta la economía de cualquier país, la relación entre fines y medios. Si se considera que el fin es preservar la salud de la población y para ello hay que evitar el colapso de las UCI, la actividad económica, académica, escolar, etc, deberá detenerse; ahora bien, si como parece la salud deja de ser una prioridad tan importante y el objetivo es recuperar cuanto antes la actividad económica, pensando sobre todo en términos de valor no de bienes, entonces volvemos a colocar los medios por delante de los fines.

La pandemia ha puesto por primera vez en mucho tiempo el debate sobre los fines que deben regir la actividad económica y a los que debe someterse el tejido productivo. Y ese es un debate que la sociedad debe sostener. El objetivo no puede volver a ser que el PIB crezca al 1% o al 2% o que la inflación llegue o sobrepase el 2%; esos indicadores serán en todo caso medios para lograr otros fines. La pregunta es cuáles son los objetivos que nos marcamos como pueblo (mejorar la salud, estabilizar el empleo, reforzar la soberanía alimentaria, profundizar en una enseñanza de calidad…) y a partir de esa definición habrá que discutir cómo contribuye la economía a ellos (producción de artículos de protección sanitaria, diversificación de la actividad productiva, construcción de nuevas infraestructuras educativas…)

¿Para qué queremos reactivar la economía cuanto antes? ¿Para seguir haciendo artefactos que no sirven para nada? El problema es que los debates los plantea el que ostenta el poder y en esta crisis ha quedado muy claro que Confebask manda. La patronal ha tratado por todos los medios de imponer su visión y sus intereses. Y la administración vasca ha sido incapaz de situar el bienestar público por encima de los intereses particulares de esa fracción del empresariado vasco.

De la misma forma, la administración vasca ha sido inane frente al Gobierno de Madrid que ha sido el que ha marcado la pauta en la gestión de la pandemia con el objetivo de aprovecharla para reforzar un Estado unitario, centralista, autoritario y militarizado. Frente a esa ofensiva estatal, las instituciones vascas han evidenciado la ausencia de competencias reales y una nula planificación estratégica.

Los debates sobre los fines y los medios a los que se ha de someter la economía vasca están por tanto mediatizados por la ausencia de soberanía en las instituciones vascas pero también por su falta de visión estratégica. Otro condicionante importante es el lobby representado por Confebask que ha logrado poner al servicio de sus intereses las instituciones autonómicas, Concierto y Convenio incluido, y desafía abiertamente cualquier decisión que considere contraria a sus intereses, como ha ocurrido con la paralización de la actividad económica no esencial.

Discutir sobre medios y fines y poder hacer operativas las decisiones que se adopten exige ampliar el ámbito de la democracia. Significa que la economía deberá estar subordinada a los fines políticos que democráticamente se determinen y en ese esquema sobran los grupos de presión. Y qué decir de la soberanía: sin ella no se puede caminar en ninguna dirección.